20/07/2025 Aceprensa. El pasado 24 de junio, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para incluir en el Código Penal las llamadas terapias de conversión.
La propuesta salió adelante con el voto favorable de la mayoría del hemiciclo (sólo se opusieron Vox y un diputado de UPN). Sin embargo, algunas asociaciones feministas, padres con niños con disforia de género y profesionales de la salud mental han mostrado sus objeciones a una norma que consideran lesiva especialmente para los menores.
Históricamente las terapias de conversión se han definido como cualquier práctica –médica, psicológica, social o religiosa– que pretenda suprimir o cambiar una orientación homosexual o –esto es más nuevo– la identidad de género percibida. Históricamente también, estas terapias incluían prácticas bastante extremas, desde electroshock hasta exorcismos. En la actualidad, estas terapias han demostrado su falta de rigor científico y se consideran éticamente reprobables. Como consecuencia, son prácticas muy residuales que, en algunos países, como España, están penadas administrativamente.
La novedad de esta proposición de ley –que nace como desarrollo de la polémica “ley trans”– es, por una parte, que quiere introducir estas prácticas en el Código Penal para que los culpables vayan a la cárcel. En segundo lugar, que incluye dentro del término “terapia de conversión” la llamada “terapia exploratoria”, que –en relación a cuestiones de género– no es otra cosa que la buena praxis de psicoterapeutas que, a través del acompañamiento y el diálogo, exploran las motivaciones o traumas que puedan estar detrás del malestar con el propio cuerpo o género.
“La peor terapia de conversión es la que están haciendo hormonando y mutilando a la infancia” (Nuria Coronado)
Frente a la “terapia afirmativa”, que apuesta por tomar medidas –como la hormonación o la cirugía– con rapidez para evitar el sufrimiento del paciente, esta otra terapia podría ser más beneficiosa para los menores con disforia que a veces pueden tomar, sin la debida madurez, decisiones graves e irreversibles sobre su propio cuerpo.
El problema es que, con esta nueva ley, los psicólogos que pretendan explorar en las causas de la disforia de un adolescente podrían ir a la cárcel entre seis meses y dos años, y a los padres que animen a la prudencia a una hija que quiere hormonarse les podrían quitar la patria potestad, o condenarlos a prisión si favorecen o consienten el tratamiento.
Para Nuria Coronado, periodista, conferenciante y autora de No contaban con las madres, la propuesta es “una agresión frontal a la salud, al sentido común y a la prudencia que piden tanto las familias como las y los profesionales que quieren indagar en las causas que llevan a creer a alguien que ha nacido en un cuerpo equivocado. No hay cuerpos equivocados sino una sociedad a la que se engaña diciéndole que se puede cambiar de sexo rompiendo el cuerpo y destrozando su salud física y mental. Esto no va de derechos sino de negocio”.
Coronado critica el cinismo de confundir las terapias de conversión con la terapia exploratoria y sostiene que “la peor terapia de conversión es la que están haciendo hormonando y mutilando a la infancia”.
Sospechoso “marketing”
Como suele ocurrir en todo lo que rodea al lobby LGTBIQ+, casi nada surge por azar. La proposición de ley se presentó en pleno Mes del Orgullo, cuando hay en la opinión pública una mayor sensibilidad hacia los derechos de los transexuales. Esto quizás explica el mayoritario consenso en un Congreso absolutamente dividido. Solo votaron en contra Vox y un diputado de UPN (Unión del Pueblo Navarro). El voto más sorprendente fue el del Partido Popular, que –a pesar de haber recurrido al Tribunal Constitucional la ley trans– apoyó la proposición del PSOE. Fuentes del Partido Popular explican que su apoyo es solo a la propuesta de tipificar penalmente las terapias de conversión y que en un desarrollo posterior presentarán enmiendas. “No podíamos votar en contra de endurecer las penas a unas terapias que suponen maltratar e incluso torturar y que vulneran los derechos fundamentales”.
Escuchando las explicaciones de esta fuente uno se plantea: ¿pero es necesaria esta ley? ¿Hay realmente tantas personas en España practicando estas terribles terapias de conversión? “Precisamente esto es lo que hemos preguntado en el Congreso, queremos saber el dato. Quizás no, pero tampoco pensábamos que en España hubiera matrimonio de niñas, y lo hay”.
Nuria Coronado es más tajante: “No era necesaria esta ley. Las terapias de conversión ya estaban bien definidas y penadas. No es cierto que el PP no pudiera votar en contra de la misma. Simplemente tenía que haberse leído con lupa el texto para detectar los ‘gazapos transgeneristas’ o haber tenido la verdadera voluntad política de negarse a votar a favor de esta tropelía. Pero no solo el PP es responsable de ello. Empezando por el PSOE, que la ha presentado, y el resto de partidos con sus 311 votos, todos ellos han participado en la mordaza a familias y profesionales”.
Los profesionales de la salud mental en la diana
Las familias y los profesionales de la salud mental tienen de qué preocuparse. El noble deseo de acompañar a una adolescente con autismo y anorexia que quiere mutilarse los pechos puede acabar llevándolos a la cárcel. Ante esta disyuntiva, no será raro que psicólogos y psiquiatras se nieguen a tratar a estas chicas (porque sobre todo son chicas).
“Si una psicóloga tiene como paciente a una chica que dice ser chico y desea empezar las intervenciones fármaco-quirúrgicas, con esta ley no podrá indagar de dónde viene su disconformidad con su sexo” (Carola López Moya)
El texto de la proposición de ley –que remite en varios momentos a la “ley trans” (Ley 4/2023)– no les deja mucho margen de acción: aboga por el autodiagnóstico frente a cualquier acompañamiento y, desde esta perspectiva, podría considerarse terapia de conversión y, como tal, punible cualquier atención al malestar psicológico o cualquier llamada a la prudencia antes de dispensar hormonas o proponer cirugías.
Lo explica Carola López Moya, psicóloga y autora de La secta, que piensa que detrás de esta ley, como detrás de la “ley trans”, hay un perpetuarse de estereotipos sexistas. Y si la salida de sentido común, ante estos estereotipos, era desmantelarlos y darle un balón de fútbol a la niña si lo pedía y unas zapatillas de ballet al niño, ahora la solución es animarles a cambiar de cuerpo. Y esta solución es la que se verán obligados a “recetar” los profesionales: “Si en consulta, una psicóloga tiene como paciente a una chica que dice ser chico y desea empezar las intervenciones fármaco-quirúrgicas, con esta ley no podrá disuadirle cuestionando las creencias sobre los roles sexuales impuestos por la sociedad. No podrá indagar de dónde viene la disconformidad que pueda tener con su sexo. Incluso si existe comorbilidad con otros trastornos como el autismo, que es muy frecuente”.
Piensa López Moya que esta ley, si se aprueba tal y como está, “generará bastante dolor en las chicas y en sus familias: cuando su hijo o hija diga que es trans porque en alguna charla escolar haya escuchado que su malestar con su cuerpo es debido a una ‘identidad escondida’ que deben descubrir y pida los bloqueadores (castradores químicos), las hormonas cruzadas y las intervenciones quirúrgicas, no habrá nadie que pueda hacerle reflexionar y decirle que siendo una chica puede comportarse y vestirse sin ajustarse a los estereotipos impuestos de la feminidad y que así está bien”.
Con la pena de cárcel en el horizonte, requerirá mucha valentía –casi heroísmo– tratar de ayudar a esos menores con disforia y a sus familias. Y si no es la cárcel puede ser la cancelación social, el expediente o la acusación de transfobia.
Y no es una exageración. Algunos magníficos profesionales que han sido consultados para este reportaje han declinado participar. Y no por falta de convicción. Ni de datos ni experiencia. Simplemente, tienen miedo. Tienen familias. Y no hay nadie que vaya a protegerlos.
Ana Sánchez de la Nieta
@AnaSanchezNieta